Alquileres: ¿Qué debe pagar el inquilino a partir de abril?

Si bien era sabido que el congelamiento no duraría para siempre, desde las agrupaciones de Inquilinos esperaban una salida con mayores certezas y acompañamiento para quienes alquilan. En tal sentido, lo que cada inquilino deba abonar dependerá de lo que haya pagado durante los 12 meses de vigencia del decreto, que establece que la posibilidad de pagar lo “adeudado” entre 3 y 12 cuotas.

Desde las inmobiliarias y las agrupaciones de inquilinos anticipan fuertes negociaciones sobre esos montos. “La relación es asimétrica y vulnerable para los inquilinos y los coloca otra vez en medio de la tormenta. El final del decreto debería ir acompañado con una política de desendeudamiento, y esa política necesita a su vez de un blanqueo del mercado de alquileres. Estamos en una disyuntiva y no se pueden tomar decisiones aisladas”, señaló en diálogo con DIB Juan Arrizabalaga, de la Red de Inquilinos de Tandil

Con el fin del congelamiento, a partir de abril, la renovación automática caducará. Por eso, a quienes se les venció el contrato entre el 21 de marzo del año pasado y el 31 de este mes, deberán renovarlo o prorrogarlo lo cual es una preocupación para los inquilinos ya que se están ofreciendo propiedades con aumentos de entre un 50% y 60% en los contratos nuevos.

¿Qué puede pasar con los desalojos?

El ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, dijo hoy que cuando finalice el congelamiento del valor de los alquileres “no habrá posibilidad de desalojos sin mediación”, y afirmó que se estudiarán mecanismos para ayudar a las familias vulnerables.

“No hay ninguna posibilidad de que haya desalojo sin que se pase por una mediación en el Ministerio de Justicia y el Banco Central regulará los aumentos”, remarcó Ferraresi en diálogo con El Destape Radio.

Asimismo, dijo que, a partir de abril, se podrá “ver el resultado de esta situación y tener datos reales de quiénes están en posibilidades de desalojo”. Y añadió: “Vamos a tener datos concretos de las familias vulnerables y aplicaremos distintas políticas”.

No obstante, desde Inquilinos se mostraron escépticos respecto a esa posibilidad: “Los mecanismos judiciales de los que hablan en definitiva van a servir para que a la gente la terminen desalojando. No existe ningún mecanismo nacional o provincial que realmente vele o ampare las relaciones del contrato de alquiler y tampoco autoridad de aplicación de la ley de ninguno de sus puntos”, lamentó Arrizabalaga.

El pedido de la Asociación de Inquilinos

Desde la Asociación de Inquilinos, tras el anuncio del fin del congelamiento, y en el marco de una solicitud de reunión de manera urgente con el Ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación con todas las partes, proponen:

1- Extensión del Decreto 320/2020 hasta en tanto y en cuanto se recupere la situación económica de los inquilinos/as.

2- Implementación de una política de desendeudamiento para todos los inquilinos en 24 cuotas, toda vez que se le garantice el precio del contrato anterior y la continuidad en la vivienda a cada inquilino/a.

3- Escalonamiento de los grandes, medianos y pequeños propietarios para el cobro de deudas: comenzar por los que menos viviendas tengan en alquiler, y que las grandes corporaciones absorban parte de las mismas. Es decir, que realicen una quita.

4- Congelamiento del precio de los alquileres por dos años hasta que mejore la situación económica del país, como lo realizó Francia, Alemania, parte de España, Inglaterra, Holanda y varios países de Centroamérica. Esta medida cuida el bolsillo de los inquilinos/as (que hoy destinan un 53% de sus ingresos sólo al pago del alquiler), y frena la inflación futura.

5 – Reglamentación del Programa Nacional de Alquiler Social para atender el problema de los inquilinos/as en forma urgente.

6- – Incorporación del valor de los alquileres en la canasta básica del INDEC.

7- Que exista desde el Estado una política de relevamiento de datos del sector, incluyendo censo de vivienda ociosa en condiciones de habitabilidad.

8- Tarifa de servicios públicos para inquilinos/as.

9- Control del Estado sobre la vivienda ociosa.

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