ARA San Juan: El fiscal que favoreció a Macri podrá seguir favoreciendo a Macri

El fiscal José Luis Agüero Iturbe, que había pedido que anulen el procesamiento de Mauricio Macri, seguirá interviniendo en la causa sobre el espionaje a los familiares del submarino ARA San Juan que tiene al expresidente como su principal protagonista. El camarista Pablo Bertuzzi rechazó un pedido de las familias para apartar del caso al representante del Ministerio Público, a quien acusan de mostrarse alineado con los intereses del líder del PRO.

No hay un trato tendencioso por parte del fiscal hacia Macri, sostuvo Bertuzzi en una resolución de tres páginas, que se conoció 24 horas después de que se llevara a cabo una audiencia en la Cámara Federal para analizar la recusación que había solicitado la abogada querellante Valeria Carreras ante lo que veía que es una tendencia favorable al exmandatario.

El pedido de Carreras para separar a Agüero Iturbe se presentó días después de que el fiscal adjunto ante la Cámara Federal propiciara el cierre de la investigación sobre las visitas de dos casadores –Gustavo Hornos y Mariano Borinsky– a Macri mientras ellos tenían en sus manos causas que le interesaban al entonces presidente, particularmente todas las que hacían foco en Cristina Fernández de Kirchner. En ese dictamen, Agüero Iturbe sostuvo que mantener la causa abierta terminaría profundizando “la ya esmerilada dignidad del Poder Judicial” y que contribuiría a “socavar” la figura presidencial y, por ende, la estructura republicana de gobierno.

La abogada planteó que la querella ya había perdido la confianza en el fiscal cuando, en la causa del ARA San Juan, pidió que anularan el procesamiento de Macri que había dictado el juez Martín Bava mientras el expediente tramitaba en el Juzgado de Dolores. Durante la audiencia, Carreras dijo que pensaba que Agüero Iturbe actuaría de igual manera cada vez que tuviera en sus manos la suerte del expresidente y lo englobó dentro del “maltrato judicial” que sufren las familias de los submarinistas.

Como era previsible, Bertuzzi rechazó el planteo y sostuvo a Agüero Iturbe. “Los dictámenes cuestionados por la querella se produjeron de manera oportuna, en ocasiones en las que se requería una manifestación del acusador, y revelan lecturas jurídicas cuyo grado de acierto o error –aun cuando puede ser eventualmente discutido– no dice nada acerca de un fiscal alejado de las pautas que deben regir su actuación”, escribió el juez que fue trasladado a la Cámara Federal durante la administración Cambiemos. “De allí que no vislumbro el trato tendencioso denunciado por la Dra. Carreras, sino el mero análisis de las situaciones que fueron llevadas a conocimiento del fiscal para que ejerciera las facultades que le son confiadas”, completó.

En lo que Bertuzzi no acompañó al fiscal fue en el pedido que hizo para que se le cobren las costas a Carreras por haber planteado un recurso en su contra. El camarista entendió que la abogada estaba en su derecho de plantear la recusación porque consideraba que Agüero Iturbe había perdido objetividad.

Desde finales del año pasado, la causa por el seguimiento a familiares de víctimas del ARA San Juan tramita en los tribunales de Comodoro Py después de que la Cámara Federal de Casación le sacara el expediente madre al juez Bava, es decir, la investigación sobre el espionaje paraestatal que orbitaba alrededor de Marcelo Sebastián D’Alessio y que fue el primer caso que empezó a investigarse en Dolores. 

En la causa por el ARA San Juan –que se inició a partir de una denuncia que presentó la exinterventora de la AFI Cristina Caamaño– están procesados Macri, el extitular de la Agencia Gustavo Arribas, la exsubdirectora Silvia Majdalani, los exdirectores operacionales de Contrainteligencia Diego Dalmau Pereyra y Martín Coste, el exdirector de Reunión Eduardo Winkler y Nicolás Iuspa Benítez, que oficiaba de jefe de la base Mar del Plata de la exSIDE –desde donde se siguió y espió a las familias de los submarinistas–. Bava también procesó a cinco agentes que reportaban en esa delegación.

Según reconstruyó Bava, la AFI realizó tareas de inteligencia ilegal sobre las familias entre diciembre de 2017 –un mes después de que se hundiera el submarino– y finales de 2018, cuando finalmente se halló la nave. El juez cree que esa vigilancia persiguió un fin: anticiparle a Macri cuáles serían los movimientos del colectivo de parientes en un tema que suscitaba no solo la atención nacional sino también la internacional.

Ahora, la Cámara Federal porteña –con la integración de Bertuzzi, Mariano Llorens y Leopoldo Bruglia– debe decidir si mantiene esos procesamientos, particularmente el de Macri. Dos de los camaristas, Llorens y Bertuzzi, ya dijeron en otro expediente que no hubo un plan sistemático de espionaje, sino que los espías actuaron por su propia cuenta.

El camarista Pablo Bertuzzi, nombrado a dedo bajo el macrismo, denegó el reclamo de familiares de los submarinistas para que el representante del Ministerio Público fuera apartado de la causa por espionaje ilegal.

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