En busca de un rol más activo y real del Estado

En el medio de las discusiones en torno a los programas sociales y luego de que la Vicepresidenta reclamó que dejen de estar tercerizados, poco a poco los gobernadores se suman al pedido de algunos intendentes para volver a hacerse cargo del control de estos programas. Este viernes, en la reunión de la Liga de Gobernadores –que será en Chaco– los líderes provinciales, entre otras cuestiones, van a debatir este tema. Una de las que llevará el planteo es la gobernadora de Santa Cruz y exministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, quien en diálogo con Página/12 puntualizó que «los gobiernos nacional, provincial y municipal son los que deben hacerse cargo de los programas sociales, lo que no quita que se trabaje con las distintas organizaciones de base y con toda la dinámica barrial». En ese contexto, el ministro actual de la cartera, Juan Zabaleta, aseguró que desde Desarrollo Social apuntan a que los gobiernos municipales y provinciales «tengan un rol más activo», en el tema.

En el proceso de que los programas sociales vuelvan a tener un mayor control por parte del Estado, ya hubo avances. Mediante un registro que Zabaleta abrió en diciembre del año pasado, aparecieron hasta el 16 de junio un total de 188.222 solicitudes de beneficiarios del plan Potenciar Trabajo que pedían cambiar de unidad de gestión por diversos motivos. Según contaron desde el Ministerio a Página/12, la mayoría de ellos pasaron de estar en la órbita de alguna organización social a unidades de gestión municipal. 

De ese número, 117.046 beneficiarios pidieron el cambio de unidad de gestión porque querían buscar nuevas propuestas de actividades. Es decir, eran personas que estaban anotadas en actividades de un tipo y se querían desarrollar en otras; otros 15.027 beneficiarios pidieron el cambio por mudanza y los restantes 56.149 fueron de «respuesta abierta». Dentro de las respuestas abiertas más del 15 por ciento manifestó haber vivido situaciones de maltrato, irregularidades con las tareas a realizar, exigencia de cobro de una cuota o aporte, amenazas de baja y obligación de ir a marchas o movilizaciones. 

Según los datos que tiene el Ministerio que conduce Zabaleta, eso significaría alrededor de 7.700 titulares. De ellos, 900 expresaron recibir algún tipo de amenaza, más de 3.000 la exigencia de un bono o cuota en función de aporte a la organización; 1.400 señalaron la presión para asistir a marchas o movilizaciones y alrededor de 1.700 titulares describieron maltratos por parte de referentes o de la organización al solicitar el cambio de unidad de gestión. «Cuando hablamos de aquellos beneficiarios que pidieron cambiar unidad de gestión, aparecieron siete mil denuncias por irregularidades. Ahí está el Ministerio trabajando con las organizaciones sociales, municipios y sindicatos para que esto no suceda», dijo el ministro de Desarrollo Social.

Este cambio y el anuncio de que no darán más altas del plan Potenciar Trabajo, fue parte de la conversación que el ministro tuvo este miércoles con los representantes de las organizaciones piqueteras de izquierda y que pasó a cuarto intermedio hasta el jueves próximo.

Según comentó Zabaleta, la idea de su cartera «es invertir recursos en unidades productivas vinculadas a la generación de empleo». En diálogo con radio la Red, el ministro aseguró que «todos los días, como hice ayer –por el miércoles–, me siento con organizaciones sociales, municipios, sindicatos e iglesias para analizar cómo mejorar cada uno de los programas de Desarrollo Social. Estoy convencido de que tenemos que ver la forma en la cual reconectar con lo que pasa alrededor nuestro».

El reclamo de los gobernadores, que se sumó al de algunos intendentes, ya venía siendo manifestado por diversos líderes provinciales en reuniones que mantuvieron en privado con el presidente Alberto Fernández en la Quinta de Olivos. Incluso, en el documento inaugural de la Liga de Gobernadores que se presentó diez días atrás, el grupo de 16 líderes provinciales había asegurado que «es tiempo de construir consensos estructurales respecto a políticas para el desarrollo productivo con el objetivo de generar nuevos empleos de calidad. En este sentido, estamos estudiando alternativas para federalizar las políticas que permitan transformar los planes sociales en trabajo genuino y digno».

La gobernadora de Santa Cruz, explicó a Página/12 que «el Estado, a través del gobierno nacional y de los gobiernos provinciales y municipales tienen que tener un rol presente, activo y promotor. Hay que enfocarse en las necesidades del lugar y en las capacidades de la gente que forma parte de los programas». En esa línea, recordó que durante su gestión «algunos optaban por la construcción, otros por lo textil, otros querían la terminalidad educativa o por el cuidado de personas y en función de eso fueron capacitados a través de las universidades. Eso es fundamental porque así logramos que la gran mayoría, a través del programa Fines, cumpliera con su formación educativa». 

Kirchner, en línea con los planteos de la Vicepresidenta, indicó que «cuando las distintas organizaciones y el Estado articulan los esfuerzos puede haber grandes cambios y hay algo que es central, que es que en cualquier lugar donde se desarrolla un programa social no tiene que haber nunca un criterio clientelar». Otro de los líderes provinciales que opina lo mismo es el gobernador bonaerense. «Kicillof acompaña la idea de la federalización y que los recursos del Estado no estén tercerizados», indicaron a este diario desde su entorno. Él también participará este viernes del encuentro en Chaco que encabezará el gobernador Jorge Capitanich. 

Distintos intendentes y gobernadores consideran que uno de los grandes problemas con el control de la política social surgió durante la gestión de la exministra macrista de Desarrollo Social, Carolina Stanley, porque allí, con el objetivo de restarle poder a los intendentes peronistas, se entregaron muchos planes a organizaciones por fuera del control estatal. Eso, según afirman desde el kirchnerismo, debe ser modificado. 

Otra de las propuestas que impulsan cerca de CFK es la creación de un Salario Básico Universal. La Cámpora y el Frente Patria Grande, que lidera Juan Grabois, impulsaron esta semana el proyecto de ley para su creación. De este tema también habló el jefe de gabinete de Kicillof, Martín Insaurralde, cuando el miércoles dijo que «hay que ir por el Salario Básico Universal». Sin embargo, y aunque se trate de dos cosas distintas, desde Casa Rosada destacaron en diálogo con Página/12 que la AUH se basa en un «concepto similar», y que esa política «está funcionando muy bien».

Según informe del Ministerio de Desarrollo Social, desde diciembre pasado a la fecha más de 188 mil beneficiarios se pasaron a unidades ejecutoras del Estado. Casi 8 mil por problemas con las organizaciones sociales.

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