Caso AMIA: Familiares de las víctimas podrán acceder a los archivos secretos de la exSIDE

La fiscalía AMIA debe presentar informes de sus investigaciones, delante del juez y los familiares de las víctimas del atentado, cada seis meses. También los familiares deberán acceder en forma directa al personal que analiza el gigantesco archivo secreto de la exSIDE sobre el ataque contra la mutual judía y se exhorta a la fiscalía para que provea a los familiares de la documentación procesada y analizada, “tanto para hipótesis que lleva adelante la fiscalía como así también aquellas que descarta”. Estas son las conclusiones del juez federal Daniel Rafecas que en una resolución de cinco páginas les dio la razón a los familiares de las víctimas del atentado, en especial a un planteo que hizo APEMIA, la agrupación que lidera Laura Ginzberg. Todo tiene que ver con ese archivo de lo que fue la SIDE y que registra la trastienda de la vergonzosa investigación AMIA.

Como consignó Página/12 hace un mes, Rafecas convocó a una audiencia en la que estuvieron todas las partes y se planteó, sobre todo, la crítica a la fiscalía especial AMIA, que hoy conduce Sebastián Basso, designado durante el gobierno macrista por el procurador interino Eduardo Casal, igualmente aliado del macrismo. La reunión con Rafecas se basó en un documento de APEMIA, aunque también estuvieron Memoria Activa y 18-J. Uno de los puntos clave es que el Grupo Especial de Relevamiento y Análisis Documental (GERAD) para estudiar todo el material desclasificado de la exSIDE está casi disuelto, los familiares no tienen acceso a los documentos, el mantenimiento de esos papeles es deplorable y no se terminó su análisis según lo dictaminó la jueza que estuvo a cargo del expediente el año pasado, María Eugenia Capuchetti.

Como es obvio, la documentación de la exSIDE es fundamental porque marca una especie de “detrás de la escena” del fracaso de la investigación, dado que hasta hoy -este 18 de julio se cumplirán 28 años del atentado- no se sabe ni de dónde salieron los explosivos ni quién compró la camioneta que se usó en el ataque, dónde se armó la camioneta-bomba ni quién la manejó hasta la mutual judía. APEMIA sostiene que la acusación contra Irán surgió de un acuerdo entre la SIDE, cuando estaba al frente Miguel Angel Toma, la CIA y el Mossad, pero que la documentación encierra pruebas que llevarían a conclusiones distintas. Por eso la agrupación que encabeza Ginzberg quiere ver todos los papeles y el juez menciona específicamente en su resolución “los que respaldan la hipótesis de la fiscalía como los que la descartan”.

En las cinco páginas, Rafecas insiste en que “hay un imperativo ético de ser solidarios con las víctimas, lo que exige un compromiso de los operadores del sistema judicial que obliga a un protagonismo original a la hora de dar respuesta a los planteos efectuados, volviéndonos verdaderos guardianes de dicha garantía, modificando las formas de acceso al proceso”. También el magistrado da cuenta que “hay visiones distintas y eso no sólo enriquece la pesquisa sino que los intereses de las víctimas pueden razonable y legalmente buscar un camino distinto del expediente”.

El año pasado, Basso planteó sobreseer a lo que se consideró la pista local del atentado. Entre otros, el empresario Nassib Haddad, dueño de una compañía de volquetes que dejó un contenedor frente a la AMIA unos minutos antes del atentado y que además compró una cantidad enorme de amonal, justo el explosivo utilizado. También el comerciante Alberto Kanoore Edul que registra una llamada al armador de vehículos truchos Carlos Telleldín el 10 de julio de 1994, ocho días antes del ataque. El pedido de sobreseimiento planteado por el fiscal fue rechazado por la jueza Capuchetti justamente porque consideró que no se terminó de analizar la documentación y fue crítica porque la fiscalía AMIA tiene más presupuesto y personal que cualquier otra fiscalía.

El juez no tiene poder de decisión sobre la fiscalía y por eso en la resolución exhorta a que se avance con la documentación de la exSIDE con medios técnicos y humanos reforzados y se le facilite el acceso a los familiares, a la vez que convoca a las partes a reuniones semestrales para ver cómo avanza todo lo decidido. 

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