Una estafa millonaria a las obras sociales y sus afiliados 

Tras la pantalla de una gerenciadora de salud que se ofrecía como “prepaga”, la empresa Ética Médica S.A. –que también se anuncia bajo el nombre de Ética Salud y está vinculada también a la firma Ética +, según la investigación policial– estafó a través de un organizado esquema de engaños a unas diez mil personas. Lograba recaudar mediante el fraude unos 60 millones de pesos por mes que correspondían a obras sociales. A los particulares damnificados, que aportaban una suscripción por supuestos planes de salud, las prestaciones nunca les llegaban y quedaban llanamente sin cobertura médica.

La Superintendencia de Servicios de Salud denunció por estafa a los principales directivos de Ética Médica, entre ellos su presidente Raúl Barreiro –hasta ahora el único que se presentó al juzgado con su defensa–, junto a Fernando Pablo Dardik, Javier Ignacio Cuman y Pablo Baldoni.

En la causa que sigue el Juzgado Federal 2 a cargo del Juez Sebastián Ramos, con sede en Comodoro Py, se presentaron como querellantes dos de las obras sociales afectadas por el desvío de afiliados y de sus bases de datos: Osperyh, obra social de trabajadores de edificios, y Osoetsyl, de trabajadores tintoreros. Aunque también fueron víctimas del engaño trabajadores afiliados a otras obras sociales como la de empleados ferroviarios, la de sombrereros, o la del papel.

La investigación que sigue el Departamento de Investigaciones Especiales de la Policía Federal incluyó 37 allanamientos simultáneos, donde se incautó importante documentación. Los operativos se realizaron en inmuebles de CABA, donde Ética Médica tiene su sede, en la calle Sarmiento; y del conurbano bonaerense, entre otros en los countries San Diego, en Moreno, y La Delfina, en Pilar.  

Hasta el momento, unas 18 personas que reportaban a la falsa prestadora de salud fueron notificadas de los avances en el procedimiento judicial sobre el que, en las últimas horas, se levantó el secreto de sumario. La operación engaño habría comenzado tres años atrás logrando afectar, según las estimaciones, a unas diez mil personas.

La causa judicial

La causa comenzó a gestarse en 2020 ante los reclamos que, a través de redes sociales, publicaban los afectados: falta de respuesta a requerimientos médicos, falta de atención en los centros de salud que “supuestamente” operaban con la firma, falta de entrega de las credenciales en soporte papel. En este último caso, cuando reclamaban les indicaban que con mostrar el envío digital de la credencial ya estaban habilitados a atenderlos. Pero no ocurría. Y al desasosiego de padecer una enfermedad, se le agregaba una nueva dolencia: el engaño.

El esquema de la estafa fue variando. Inicialmente se montaba a través de llamados telefónicos a los particulares donde les “informaban que su obra social iba a quebrar” y les ofrecían una nueva opción “con más beneficios”. Entre ellos “depilación definitiva”, un tipo de intervenciones que no se incluye en los servicios de salud.

Ante la falta de respuesta a los requerimientos médicos, en tratamientos o por urgencias, comenzaron los reclamos. Esto forzó a mutar la operatoria del engaño. Por caso, se habría llegado al robo de identidad para trasladar a los afiliados de otras obras sociales a esta empresa, sin su consentimiento. Incluso llegaban a ofrecer préstamos personales o tarjetas de crédito para tentarlos y lograr los datos necesarios para el fraude.

La maniobra fraudulenta 

La maniobra, según informa la Policía Federal, se iniciaba con el accionar de “gerentes” que habrían comprado bases de datos de afiliados a obras sociales, con los datos de contacto. A través de un grupo de “reclutadores” y “vendedores” camuflados como empleados de la Superintendencia de Servicios de Salud, la firma lograba convencer a los damnificados de entregarles sus datos. Llegaban a enviar personas en moto a los domicilios para lograr los documentos necesarios. Con esto en mano, ingresaban a la aplicación de AFIP con nivel 3 de seguridad y realizaban el cambio de obra social. “Incurren, en este punto, en el delito de usurpación de identidad”, precisa el informe policial.

Ante los reiterados reclamos y las denuncias de las obras sociales, Ética Médica fue imputada en 2021 por la Superintendencia de Servicios de Salud en la Justicia Federal. Se estima que el flujo de dinero mensual que lograba superaría los 60 millones de pesos, que eran recibidos por la razón social de la firma investigada, Ética Médica S.A., registrada en AFIP en 2017. Su domicilio fiscal figura en una casa particular del barrio de Floresta, en CABA. La causa registra también que dejó de pagar aportes a sus empleados y designó a Baldoni como director suplente y a Barreiro como titular en 2019.

La estafa se evidencia inicialmente en el uso de una empresa registrada como gerenciadora de salud y no como prestadora de salud. Así, para poder realizar la transferencia de aportes “habría dos fases”, de acuerdo a la denuncia. En la primera, «tras la captación, los aportes de haberes se dirigen a una obra social asociada a la empresa investigada, debido a que la gerenciadora no puede recibir los aportes de forma directa” explica la investigación policial.

Esto implica que Ética Médica se asoció a una obra social que sí figura en los registros. “Muchos afiliados de Osperyh fueron pasados a la obra social de la Sociedad Gremial de Vareadores (de equinos), o a la de Ladrilleros a Máquina, que no existe, no opera, no está inscripta”, detalla la abogada Fernanda Allega, desde la Coordinación del área Legales de la obra social de trabajadores de edificios. Según otras fuentes consultadas, habría otras relaciones comerciales entre la Sociedad de Vareadores y Ética Médica, además, claro, del fraude por no ofrecer las prestaciones prometidas.

En la segunda fase de la maniobra, explican fuentes policiales, luego de recibir los aportes “las obras sociales los transfieren a la gerenciadora”. Así, tanto la obra social como la empresa obtienen beneficios económicos, según la denuncia de la Superintendencia de Salud. La investigación estima que podría existir “el pago de sobornos a las obras sociales involucradas” (Vareadores o Ladrilleros a Máquina), dado que la gerenciadora no provee los servicios que promete a los afiliados.

Vínculos judiciales y comerciales

Curiosamente, cuando Barreiro se presenta con su defensa reclama que las obras sociales de los afiliados damnificados no pueden querellar como institución “porque no sufrieron prejuicio”, argumenta. El juzgado rechazó el pedido. Pero al apelar, los jueces de la Sala 1 de la Cámara en lo Criminal y Correccional Federal –Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Daniel Bertuzzi– hacen lugar al pedido. Las obras sociales apelaron esta resolución ante la Cámara de Casación Federal y se espera que pueda ser tratada en los próximos días.

En tanto, una derivación de la causa recae sobre una firma aliada a Ética Salud y Ética Médica. Se trata de Ética +, que es el sponsor oficial de varios equipos de fútbol, entre ellos Racing Club e Independiente. También de la Liga de Fútbol Profesional. Y en los clubes aseguran a la prensa que los contratos “son millonarios”.

Entre los negocios en común que implican a Baldoni y a Barreiro figuran las firmas Fortaleza Salud, CBGB Construcciones y Solución Salud. Según la investigación, estas compañías no tendrían operaciones registradas ni empleados en blanco. Tampoco presentan un número de CUIT, por lo que podría tratarse de empresas fantasma. 

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