Amenazaron con violarla en forma anónima por Instagram y un año después logró que condenen a su agresor: el caso de Agustina D’Andraia

La influencer Agustina D’Andraia recibió un mensaje por Instagram en marzo de 2021 en el que le dijeron que la iban a secuestrar y violar. Más de un año más tarde, la persona que le escribió recibió una condena por amenazas graves, algo que podría sentar precedente para casos de violencia digital.

Para muchas personas, las redes sociales son un lugar en el que desde el anonimato se animan a decir y hacer cualquier cosa, sin consecuencias aparentes. Pero la violencia, por ser digital, no deja de ser violencia, aunque muchas veces no se la considere tal o sea más difícil de probar.

El 21 de marzo de 2021 Agustina D’Andraia recibió un mensaje privado en su cuenta de Instagram, @agusdandri, en la que tiene 275.000 seguidores. Un usuario anónimo le avisaba: “Te vamos a SECUESTRAR y te voy a VIOLAR”.

“Ese día me cambió la vida. No soy una persona extremadamente susceptible con el bullying o con las amenazas, pero hubo algo de la contundencia del mensaje que me impactó. No terminaba de entender si tenía que asustarme o borrarlo y listo. Quedé en shock” le contó D’Andraia a LA NACION.

Ante la duda decidió recurrir a un abogado que conocía, Jorge Litvin, experto en tecnología, que sin dudarlo le dijo que el mensaje calificaba como amenazas agravadas, según el Código Penal de la Nación (Art. 149 ter).

“Automáticamente, hicimos la denuncia solicitando un botón antipánico y custodia policial, la cual se le asignó de inmediato para tranquilidad de la víctima. Sin perjuicio de ello, Agustina cambió su rutina. Dejó de entrenar a primera hora de la mañana, modificó el camino que tomaba para ir a distintos lugares, se abstuvo de compartir momentos de su vida en redes sociales. Empezó a sentir que casi cualquier persona que se cruzaba por la calle o auto que pasaba por su lado podía tratarse del criminal que la había amenazado”, detalló Litvin.

“Tuve una guardia policial en la puerta de mi casa, una mujer policía que me recomendó tener gas pimienta y me explicó cómo manejarme en la calle. Aprendí un montón de eso, pero es algo de lo que todavía no me recupero”, contó D’Andraia.

Las pruebas del delito y una declaración de culpabilidad

El detalle clave para lograr castigar a la persona que acosó a D’Andraia fue no borrar el mensaje original y buscar la evidencia con la empresa dueña de la red social.

“Resguardamos la evidencia del perfil antes de que el criminal lo borre; gracias a eso conseguimos que Meta (Instagram) nos pueda dar la información de registro y datos asociados al usuario”, explicó Litvin. Esos datos sirvieron para identificar a la persona detrás de la cuenta. Incluso si la persona que mandó el mensaje borraba el mensaje la compañía, y la Justicia, ya tenían la captura digital, como la huella dactilar en una escena de un crimen. Pero en formato virtual.

El acusado primero se negó a declarar, por lo que el caso fue elevado a juicio oral. Posteriormente se negoció y, en el marco de un juicio abreviado, un cambio de calificación legal y una reducción de la pena a cambio de que el imputado reconociera el hecho y se declarase culpable.

“Finalmente, obtuvo una condena de arresto, un año de tareas comunitarias, se le impuso la obligación de hacer cursos de violencia de género y una restricción de contacto y acercamiento con la víctima por cualquier medio”, agregó el abogado, que destacó que gracias a esta condena “atacar anónimamente no es sinónimo de impunidad”.

“Yo espero que esto sirva para que otras personas recapaciten y no hagan este tipo de cosas”, reflexionó D’Andraia, que también instó a otras chicas o mujeres víctimas de violencia digital a denunciar hechos similares.

Claves para denunciar este tipo de hechos

Es fundamental en este tipo de casos resguardar la evidencia.

No borrar el mensajeNo contestarNo bloquear la cuenta que envió el mensaje ni reportarlaConseguir que la red social o aplicación donde se envió resguarde la prueba (mediante una orden judicial)

Impulsan una ley contra la violencia digital

Belén San Román vivía en Bragado, tenía 25 años y dos hijos. Se suicidó tras el hostigamiento de una expareja y la viralización de un video íntimo suyo.

A mediados de julio se presentó en el Congreso el proyecto de Ley Belén para cambiar el Código Penal, ya que la viralización de material sin consentimiento no es delito. El papá de Belén, Marcelo, estuvo junto a la diputada Mónica Macha y a otras impulsoras del proyecto para apoyar su implementación.

Se trata de dos leyes, en realidad: la Ley Belén, que busca penalizar la obtención y difusión no consentida de contenido íntimo, la sextorsión y el montaje digital en videos pornográficos. Y la Ley Olimpia Argentina, que busca incorporar la violencia digital como otra forma de violencia contra las mujeres. Esta última, en honor a Olimpia Coral Melo, mujer mexicana víctima de difusión de material íntimo, que también estuvo en el recinto para dar testimonio e impulsar la sanción de la ley, que en su país tardó varios años.

La influencer Agustina D’Andraia recibió un mensaje por Instagram en marzo de 2021 en el que le dijeron que la iban a secuestrar y violar. Más de un año más tarde, la persona que le escribió recibió una condena por amenazas graves, algo que podría sentar precedente para casos de violencia digital.Para muchas personas, las redes sociales son un lugar en el que desde el anonimato se animan a decir y hacer cualquier cosa, sin consecuencias aparentes. Pero la violencia, por ser digital, no deja de ser violencia, aunque muchas veces no se la considere tal o sea más difícil de probar.El 21 de marzo de 2021 Agustina D’Andraia recibió un mensaje privado en su cuenta de Instagram, @agusdandri, en la que tiene 275.000 seguidores. Un usuario anónimo le avisaba: “Te vamos a SECUESTRAR y te voy a VIOLAR”. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Agus Dandri (@agusdandri) “Ese día me cambió la vida. No soy una persona extremadamente susceptible con el bullying o con las amenazas, pero hubo algo de la contundencia del mensaje que me impactó. No terminaba de entender si tenía que asustarme o borrarlo y listo. Quedé en shock” le contó D’Andraia a LA NACION.Ante la duda decidió recurrir a un abogado que conocía, Jorge Litvin, experto en tecnología, que sin dudarlo le dijo que el mensaje calificaba como amenazas agravadas, según el Código Penal de la Nación (Art. 149 ter).“Automáticamente, hicimos la denuncia solicitando un botón antipánico y custodia policial, la cual se le asignó de inmediato para tranquilidad de la víctima. Sin perjuicio de ello, Agustina cambió su rutina. Dejó de entrenar a primera hora de la mañana, modificó el camino que tomaba para ir a distintos lugares, se abstuvo de compartir momentos de su vida en redes sociales. Empezó a sentir que casi cualquier persona que se cruzaba por la calle o auto que pasaba por su lado podía tratarse del criminal que la había amenazado”, detalló Litvin.“Tuve una guardia policial en la puerta de mi casa, una mujer policía que me recomendó tener gas pimienta y me explicó cómo manejarme en la calle. Aprendí un montón de eso, pero es algo de lo que todavía no me recupero”, contó D’Andraia.Las pruebas del delito y una declaración de culpabilidadEl detalle clave para lograr castigar a la persona que acosó a D’Andraia fue no borrar el mensaje original y buscar la evidencia con la empresa dueña de la red social.“Resguardamos la evidencia del perfil antes de que el criminal lo borre; gracias a eso conseguimos que Meta (Instagram) nos pueda dar la información de registro y datos asociados al usuario”, explicó Litvin. Esos datos sirvieron para identificar a la persona detrás de la cuenta. Incluso si la persona que mandó el mensaje borraba el mensaje la compañía, y la Justicia, ya tenían la captura digital, como la huella dactilar en una escena de un crimen. Pero en formato virtual.El acusado primero se negó a declarar, por lo que el caso fue elevado a juicio oral. Posteriormente se negoció y, en el marco de un juicio abreviado, un cambio de calificación legal y una reducción de la pena a cambio de que el imputado reconociera el hecho y se declarase culpable.“Finalmente, obtuvo una condena de arresto, un año de tareas comunitarias, se le impuso la obligación de hacer cursos de violencia de género y una restricción de contacto y acercamiento con la víctima por cualquier medio”, agregó el abogado, que destacó que gracias a esta condena “atacar anónimamente no es sinónimo de impunidad”.“Yo espero que esto sirva para que otras personas recapaciten y no hagan este tipo de cosas”, reflexionó D’Andraia, que también instó a otras chicas o mujeres víctimas de violencia digital a denunciar hechos similares.Claves para denunciar este tipo de hechosEs fundamental en este tipo de casos resguardar la evidencia.No borrar el mensajeNo contestarNo bloquear la cuenta que envió el mensaje ni reportarlaConseguir que la red social o aplicación donde se envió resguarde la prueba (mediante una orden judicial)Impulsan una ley contra la violencia digitalBelén San Román vivía en Bragado, tenía 25 años y dos hijos. Se suicidó tras el hostigamiento de una expareja y la viralización de un video íntimo suyo.A mediados de julio se presentó en el Congreso el proyecto de Ley Belén para cambiar el Código Penal, ya que la viralización de material sin consentimiento no es delito. El papá de Belén, Marcelo, estuvo junto a la diputada Mónica Macha y a otras impulsoras del proyecto para apoyar su implementación.Se trata de dos leyes, en realidad: la Ley Belén, que busca penalizar la obtención y difusión no consentida de contenido íntimo, la sextorsión y el montaje digital en videos pornográficos. Y la Ley Olimpia Argentina, que busca incorporar la violencia digital como otra forma de violencia contra las mujeres. Esta última, en honor a Olimpia Coral Melo, mujer mexicana víctima de difusión de material íntimo, que también estuvo en el recinto para dar testimonio e impulsar la sanción de la ley, que en su país tardó varios años.

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