La Argentina condenó a Nicaragua en la ONU, pero evitó sumarse a una declaración avalada por Estados Unidos

El inicio de las sesiones anuales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, tuvo la situación de los derechos humanos en Nicaragua como tema de debate. En el plenario presidido por el argentino Federico Villegas Beltrán, la Argentina condenó en duros términos “las detenciones arbitrarias”, habló de una situación “deteriorada” y pidió al régimen de Daniel Ortega “restablecer los derechos y las libertades fundamentales y el Estado de Derecho”.

Sin embargo, la representación argentina evitó sumarse a una condena conjunta firmada por 46 países, entre los que sobresale Estados Unidos, pero en el que también se incluyeron los socios del Mercosur, Brasil, Uruguay y Paraguay, y hasta Chile (gobernado por Gabriel Boric), que en un tono aún más condenatorio habla de “autoaislamiento de las autoridades de Nicaragua”, de su “falta de responsabilidad y rendición de cuentas de las obligaciones internacionales” en el respeto de los derechos básicos de minorías y opositores al régimen.

En el texto conjunto que la Argentina no suscribió, los países firmantes piden, además, que “sin demora”, Nicaragua “restablezca el diálogo nacional”, y afirma que en vistas a próximas elecciones municipales de noviembre es “particularmente preocupante” que “recomendaciones internacionales para reformar el organismo electoral en Nicaragua” no se hayan llevado a cabo. “Reiteramos nuestro compromiso y solidaridad con el pueblo de Nicaragua y hacemos un llamado a este Consejo a continuar tomando medidas concretas pata promover y proteger sus derechos humanos”, afirmaron los firmantes, entre los cuales también hay otros aliados del Gobierno como España y Perú.

“Seguimos con preocupación los sucesivos informes de la Oficina del Alto Comisionado que documentan que desde 2018 la situación de derechos humanos en Nicaragua se ha deteriorado progresivamente: detenciones arbitrarias y condiciones de detención contrarias a estándares internacionales, violaciones de las garantías del debido proceso, restricciones del derecho a la libertad de asociación, expresión y de circulación, hostigamiento contra personas defensoras de derechos humanos, periodistas, clérigos, como el Nuncio Apostólico recientemente expulsado, y opositores políticos”, afirmaron los representantes argentinos.

También expresaron su “alarma” por el cierre de “al menos 1178 organizaciones, de las cuales 1112 fueron clausuradas sólo en el transcurso de este año. Es crucial que las autoridades nicaragüenses restablezcan la personalidad jurídica de todas las organizaciones, partidos políticos y medios de comunicación que han sido cerrados arbitrariamente”, destacaron.

También exhortaron al gobierno sandinista a “garantizar que todos los expertos designados por el Consejo de Derechos Humanos puedan cumplir sus mandatos sin represalias de ningún tipo, así como a garantizar su derecho de entrar, permanecer, transitar y salir de su propio país”.

Desde la Cancillería expresaron a este diario que la posición “histórica” de Argentina es la de no sumarse a textos ajenos, y que la postura de condena a Nicaragua fue “clarísima”. “Intervenimos solos, no en conjunto”, se defendieron fuentes diplomáticas argentinas.

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