¿Una inyección inesperada de dólares? El Gobierno prepara la licitación del espectro 5G y apunta a recaudar US$1400 millones

Con la llegada de Sergio Massa al Ministerio de Economía, la futura licitación del espectro para la quinta generación de tecnologías de telefonía móvil (5G) parece haber sido desempolvada. El objetivo del Gobierno es que la subasta se haga finalmente en febrero próximo, en busca de unos US$1400 millones que caerían como maná del cielo, ya que no figuran en ningún presupuesto.

Hace menos de dos semanas ingresaron al Tesoro US$27 millones por la finalización de un proceso de asignación de espectro 4G, pero la factura por el 5G es más cara para las empresas de telecomunicaciones, porque, al costo de adquirir espectro, se suman obligaciones de inversión que las compañías estarían renuentes a realizar, entre otras cosas, por la vigencia del DNU 690, que declaró a las TIC servicio público y estableció que los precios serían fijados por el Estado.

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Los US$1400 millones provendrían de poner a disposición tres bloques de 300 MHz de la banda de 3,5GHz -que es considerada la puerta de entrada al 5G no sólo por las recomendaciones internacionales, sino también por el ecosistema de infraestructura y equipos- que fueron “limpiados” (los servicios que estaban ahí fueron sacados o migrados a otras frecuencias) y, a futuro, podrían tener lugar otras pujas.

El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) había calificado como bandas aptas para 5G la de 3,5GHz, 1500MHz (1427-1518MHz), la banda AWS-3 (1770-1780MHz/2170-2200MHz), la banda de 2300MHz (2300-2400MHz), la banda de 26GHz (24,25-25,75 GHz) y la banda de 38GHz (37-43,5GHz).

“Sabemos que el Gobierno está trabajando con la intención de iniciar el proceso de licitación de espectro entre fines de este año y comienzos del que viene, pero no hemos sido convocados para conocer los requisitos. Está bien que acá nos creemos más vivos y más rápidos, pero en Brasil el proceso de licitación llevó dos años de diálogo, que esperamos que acá se dé”, dijeron fuentes de la industria consultadas por LA NACION.

Si bien consideraron que licitación de 5G tiene que ocurrir para que la Argentina no se quede atrás respecto de otros países, se tienen que establecer las condiciones para el despliegue, para el acceso a divisas para equipos y para el precio del espectro, porque las compañías tienen ingresos en pesos.

“El tema macroeconómico es central para ver qué puede hacer la industria afectada por la devaluación de la moneda. Ganamos en pesos y las inversiones son en dólares. Eso es lo que más pega. Es un dato de la realidad que la industria tiene menos ingresos”, agregaron.

Y otro elemento que incide sobre la industria es el DNU 690, ya que, si bien la mayoría de las compañías judicializó la medida, su sola existencia es para algunas una fuente de incertidumbre.

Frente esto hay dos posturas, desde el Gobierno hablan de la posibilidad de modificar el DNU con otro DNU que circunscriba lo que se entiende como servicio público a la telefonía celular e internet y para algunos usuarios, mientras que las empresas proponen directamente derogarlo.

“El DNU 690 fue una anomalía dentro del marco regulatorio con el que se regía la industria. No es un tema caprichoso. No podés comprometerte con desarrollos e inversión de largo plazo con la incertidumbre del DNU, que se puede cambiar con otro decreto, y que se hizo en la coyuntura de la pandemia de Covid-19 que ya terminó”, opinó otro actor de la industria.

En cuanto a la licitación de 5G, sostuvo que es una meta que el Gobierno solo se pone, mientras que, para el sector, es una “discusión prematura porque la macroeconomía tampoco da certidumbres”.

Igualmente señalaron que la derogación del DNU 690 les permitiría sentarse a discutir y proyectar. “Como hubo soluciones disruptivas como el dólar soja, también puede haber novedades en nuestro sector que franqueen la agenda, siendo el 5G un capítulo. Pero, de mantenerse el decreto, siempre tenés ese ruido de fondo que está pendiente de resolución judicial todo el tiempo de un lado y del otro. Solo queremos volver a la normalidad de la industria que nadie cuestionó hasta agosto de 2020″, añadió.

A comienzos de año, el entonces vicejefe de gabinete, Jorge Neme, habló de desjudicializar el sector, pero luego no prosperó ninguna medida en este sentido. En tanto, recientemente el director por la tercera minoría del Enacom, José del Corral, definió al DNU 690 como una medida “para la tribuna”, que obligó a las empresas a postergar inversiones. También advirtió que existe un “atraso extraordinario” de las tarifas, por lo que consideró indicado “salir del decreto en forma urgente y masiva” y abogó por una decisión política para destrabar la medida.

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