La pulseada subterránea del oficialismo que puso otra vez en el ojo de la tormenta a Sergio Berni

La novedosa incursión discursiva de Cristina Kirchner en materia de seguridad, los cuestionamientos a la gestión de Sergio Berni en la provincia, la puja de los intendentes del conurbano por conseguir fondos y la intervención de Alberto Fernández junto a su ministro del área, Aníbal Fernández, dan cuenta de una pelea de fondo en el oficialismo por el control político de los municipios donde se asienta el poder electoral peronista en el principal distrito del país.

Según pudo saber LA NACION, en la pulseada que se registra puertas adentro del Frente de Todos no está en juego solo la continuidad de Berni –tantas veces puesta en duda desde el propio PJ– sino especialmente la relación entre el Presidente y Cristina Kirchner, la intención del gobernador Axel Kicillof de mantener centralizada la caja de la provincia y, también, la pretensión de los intendentes de captar recursos, lo que determina sus lealtades políticas.

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En términos cronológicos, la nueva “novela” peronista comenzó a escribirse el 7 de noviembre en la Casa Rosada. Ese día, una delegación de intendentes del PJ de conurbano fue a ver a Alberto Fernández, quien los recibió en compañía de Sergio Massa. Oficialmente se informó que el intercambio abordó “temas de gestión como obras públicas, necesidades sociales y la situación económica del área metropolitana”. Pero el contenido político fue otro.

Los jefes comunales pidieron aumentar el financiamiento para la seguridad en el conurbano, algo que en parte debe afrontarse desde las arcas nacionales, y deslizaron alguna queja porque Kicillof “no suelta” recursos para el área en la incipiente discusión por el presupuesto 2023 de la provincia. Entonces comenzó a alumbrar la idea de que la Casa Rosada colabore con los intendentes aumentando la dotación de las fuerzas federales en el Gran Buenos Aires.

Con esa media promesa se retiraron de la sede de gobierno alcaldes de peso político como Fernando Espinoza (La Matanza), Mariano Cascallares (de licencia en Almirante Brown), Jorge Ferraresi (Avellaneda), Alberto Descalzo (Ituzaingó) y Federico de Achával (Pilar), entre otros. También fue de la partida Martín Insaurralde, el jefe de gabinete bonaerense que es, en rigor, el líder político de Lomas de Zamora, con fuerte ascendencia sobre otros jefes comunales.

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El kirchnerismo registró ese encuentro como una señal de alarma interna. Fuentes del PJ bonaerense estimaron que pudo haber motivado, diez días después, el 17 de noviembre en La Plata, la referencia de Cristina Kirchner a la seguridad en el conurbano, una problemática que siempre eludió, al menos en público. Por eso, aseguraron, la vice pidió reforzar la presencia de la Gendarmería en la provincia. “Ella sabía que la medida estaba en carpeta”, afirmaron.

La contraofensiva del kirchnerismo quedó más expuesta, luego, con la difusión de una fotografía –que hizo la propia Cristina en sus redes sociales– de la cena posterior al acto, que compartió con Kicillof y un grupo de intendentes y legisladores en la residencia del gobernador, sobre la calle 5 de la capital provincial. En esa imagen se repitieron ocho jefes comunales que habían estado en la reunión original con Fernández en la Casa Rosada.

Pese a que fue un encuentro de tono distendido, en el que Cristina insistió con el tema de la seguridad con el que había sorprendido ante la militancia, la vice tuvo que escuchar de boca de los intendentes algún cuestionamiento a la gestión de Berni, a raíz de su escasa disposición a coordinar el trabajo con los municipios, aunque ninguno de ellos lo mencionó con nombre y apellido. La intención de la jefa del Senado pareció, más bien, blindar de las críticas a Kicillof, que se mantuvo en silencio.

“Es una relación que nunca terminó de fluir; no hay buena onda”, admitió un alcalde consultado sobre la naturaleza del conflicto con Kicillof, del cual Cristina tiene conciencia porque, tras la derrota electoral de 2021, promovió la incorporación de Insaurralde al gabinete provincial como un gesto para los intendentes. Pero el gobernador siempre defendió a Berni de los embates internos, como un dique de contención para resguardarse él mismo.

La diferencia, en esta oportunidad, es que hay intendentes cercanos a Cristina y a Máximo Kirchner, y hasta miembros del gabinete de Kicillof, que impulsan un recambio en la cartera de Seguridad porque consideran que el de Berni es un “ciclo terminado”. Enumeran casos recientes –la mala praxis policial en la cancha de Gimnasia en La Plata y el asesinato del empresario Blaquier en la Panamericana- y el “escándalo” por sus propiedades.

Pero más allá de la suerte que pueda correr Berni –”A mí me parece que no le sirve, pero esa es una cuestión de Kicillof”, dijo uno de los intendentes-, lo que está en juego en este tramo final de 2022 es el financiamiento de la seguridad para el año próximo, que será electoral. La mayoría de los jefes comunales aspira a renovar la flota de patrulleros, para poder mostrarlos ante sus vecinos. Esa demanda también incluye a los alcaldes de Juntos por el Cambio.

Por eso las negociaciones son cruzadas y aunque no lo admitan, hay conversaciones reservadas entre intendentes oficialistas y opositores para lograr que Kicillof incluya en el presupuesto 2023 un fondo de seguridad por 82.000 millones de pesos, a repartir entre los 135 municipios de la provincia. Los jefes comunales del Frente de Todos encabezan una negociación adicional: buscan que Massa los apoye en la pelea por los recursos.

“Sergio entiende perfectamente lo que necesitamos los intendentes. Y el Presidente le delegó el tema”, deslizó un intendente peronista del conurbano. Mientras la pelea de fondo se registra entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner –con los ministros Aníbal Fernández y Sergio Berni enfrentados-, el ministro de Economía atiende las demandas de los alcaldes del PJ y también de una decena del Frente Renovador, el partido que fundó en 2013, cuando no era aliado sino rival del kirchnerismo.

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