Báez Sosa, un juicio que nos interroga a todos

El país se conmueve en estos días con los detalles de un crimen atroz. El juicio a los ocho jóvenes acusados de haber matado a Fernando Báez Sosa en aquella madrugada trágica de Villa Gesell nos vuelve a estremecer y a conectar con el horror. Es un proceso que reinstala interrogantes que por algún lado nos incomodan: ¿cómo pudo haber pasado?, ¿cómo se llegó tan lejos?, ¿cómo pudo aflorar tanta brutalidad y tanta locura en un grupo de deportistas de clase media que estaban de vacaciones?, ¿cómo es que nadie hizo nada para frenarlos a tiempo?

Tal vez en el juicio de los tribunales de Dolores haya también otros dos acusados invisibles: por un lado, el Estado, que suele llegar tarde, mal o nunca. Por el otro, la propia sociedad, que de algún modo ha naturalizado la violencia, ha desdibujado los límites y ha permitido que en su seno se incubaran peligrosos gérmenes de hostilidad e intolerancia. Nada de esto, por supuesto, licúa ni minimiza la responsabilidad individual, como tampoco admite relativismos ni generalizaciones. Pero tal vez obligue a encarar un debate público de mayor espesor: ¿no hemos consentido el lenguaje y los gestos de la violencia como códigos de convivencia?, ¿no nos hemos replegado con cierta indiferencia ante el quebrantamiento de la norma y el imperio de la prepotencia?

El caso de Fernando ha conmovido al país, pero ¿cuántos padres lloran las muertes de sus hijos como consecuencia de la violencia urbana? ¿Cuántos nombres se han borrado de la memoria colectiva en una sucesión incontable de tragedias? Las patotas y las bandas delictivas se manejan con impunidad y han convertido las calles, los estadios y la noche en territorios anárquicos y peligrosos. El desprecio por la vida forma parte de un paisaje social y cultural que no podemos ignorar.

Esta semana se han conocido mensajes entre los acusados por el crimen de Fernando y algunos de sus amigos que resultan reveladores: es escalofriante comprobar cómo banalizan la barbarie. Hablan de agredir y de matar con una mezcla de naturalidad y de indolencia. ¿Son el reflejo de una generación que acepta la violencia como un divertimento? Basta mirar las redes sociales para advertir hasta qué extremo se ha incorporado entre los jóvenes una cultura de la agresividad y de la fuerza, alimentada por discursos de odio que exacerban los resentimientos.

Las generalizaciones siempre son injustas y sería temerario sugerir que la conducta criminal de una patota desaforada representa a “la juventud”. Así como unos mataron a Fernando con aparente saña y alevosía, una chica de 18 años tuvo el coraje y la responsabilidad de intentar salvarle la vida con maniobras de RCP. ¿Quién representa mejor a su generación? No hay respuestas categóricas. Una y otra actitud tal vez reflejen los contrastes de una sociedad cada vez más fragmentada.

Los crímenes siempre son excepcionales, pero también tienen un contexto. En este caso, numerosos testimonios han aportado antecedentes que hablan de un desenlace anunciado. ¿Nadie advirtió los síntomas de una agresividad descontrolada? ¿Cuántos miraron para otro lado y prefirieron ignorar las señales de alerta? Son interrogantes que involucran a las escuelas, a los clubes, a las familias, a la policía y a la Justicia.

En muchos de esos ámbitos, la noción de límites y de responsabilidad transita por una zona difusa. La idea de premios y castigos está muy desdibujada; la norma se ve como un obstáculo muy fácil de saltar y el ejercicio de la autoridad parece un rasgo anacrónico. Nada de eso alcanza para explicar el arrebato criminal, pero quizá ayude a comprender el marco de una tragedia que, al fin y al cabo, no nos sorprende del todo.

Lo de Villa Gesell no ocurrió en cualquier lado. Ocurrió en un país donde barras bravas y patotas han impuesto sus propios códigos con prepotencia. Ocurrió en una sociedad que, en muchos ámbitos, ha dejado de creer en la exigencia y el esfuerzo, y que consiente todo el tiempo transgresiones que erosionan los cimientos de una convivencia armónica.

El crimen de Fernando se produjo, además, en un contexto en el que los resortes del orden público están al menos oxidados. Cuando se miran en detalle las historias de crímenes en patota, femicidios u otro tipo de abusos o asesinatos se advierten, en una inmensa cantidad de casos, fallas de sistema que, de no haber ocurrido, podrían haber evitado el desenlace irremediable. Muchas veces hay alertas o denuncias desatendidas, en otros casos funciona la “puerta giratoria” o la falta de una intervención o una sanción oportunas. La impotencia y la resignación frente a la violencia parecen un denominador común, igual que la ausencia del Estado.

En la noche se ha impuesto, desde hace años, un clima de agresividad y exaltación que parece estimular la violencia “en banda”. El narcomenudeo se ha enquistado en el circuito de la diversión, donde la mezcla de drogas y alcohol amputa los frenos inhibitorios. Todo ocurre en un contexto de zonas liberadas en las que no hay reglas ni controles. ¿Dónde estaba la policía cuando mataron a Fernando? ¿Dónde estaban los agentes municipales de control urbano? ¿Quién capacita y supervisa a los pequeños ejércitos de patovicas que actúan en los boliches?

El Estado ejerce con pasión la “policía de las vocales” para imponer un supuesto “lenguaje inclusivo” que combate la “o” para imponer la “e”. También gasta fortunas en manuales oficiales que intentan moldear el habla coloquial para que no sea “discriminatoria”. Sin embargo, está ausente y mira para otro lado en ese territorio donde la violencia, el abuso y la fuerza se imponen con rampante impunidad. La “burocracia inclusiva” viaja a congresos internacionales, crea nuevos cargos y nombra batallones de militantes en refugios administrativos. Pero no pisa las escuelas, los clubes ni los barrios. Los componentes de racismo, homofobia y misoginia que suelen alimentar el entramado de la violencia cotidiana se expanden sin contrapesos frente a un seudoprogresismo que se habla a sí mismo sin conectarse con los problemas y los flagelos reales de la sociedad.

El juicio por el crimen de Fernando expone, en definitiva, una compleja problemática social, política y cultural en la que sobresalen la ausencia de límites, la falta de liderazgo adulto, la cultura de la anomia y los rasgos de una generación que es más consciente de sus derechos que de sus obligaciones. La conmoción que ha provocado este caso tal vez nos ofrezca la oportunidad de preguntarnos a nosotros mismos: ¿estamos formando a nuestros hijos en una cultura del respeto, de la norma, de la convivencia y de la tolerancia?, ¿asumimos el papel, muchas veces incómodo, que implica la responsabilidad de ser padres, maestros o dirigentes?

La enorme atención social que generan en estos días las audiencias por el crimen de Villa Gesell puede interpretarse como un dato auspicioso. Muestra a una ciudadanía conmovida frente a la brutalidad y, a la vez, atenta a que se haga justicia. Tal vez sea el punto de partida para un debate más profundo: ¿qué hacemos entre todos para que no vuelva a pasar?

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