Disney presentó una demanda contra Ron DeSantis, gobernador de Florida, acusándolo de “venganza política” por las nuevas medidas y actitudes que el republicano ha tomado contra la compañía. Desde que comenzó su batalla campal a inicios de 2022, el político ha tratado de acabar con la autonomía del grande del entretenimiento, lo que “pone en peligro su futuro económico en la región”, según la denuncia presentada en un tribunal federal del norte del estado.
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Si bien la disputa inició en marzo del año pasado, fue hace algunas semanas que todo se intensificó y derivó en una querella federal. La demanda se presentó minutos después de que DeSantis firmara en febrero una ley que dicta que el gobierno estatal retomará el control administrativo y fiscal del territorio en el que se encuentra Disney World, en Orlando. Allí la casa de Mickey Mouse tenía facultades de autogobierno y tomaba sus propias decisiones sobre la expansión de su parque. En la denuncia se calificó la aprobación como el “golpe más reciente” en “una campaña dirigida de represalias del gobierno, orquestada a cada paso por el gobernador DeSantis como castigo por el discurso protegido de Disney”.
Por su parte, el gobernador aseguró que era solo una medida para darle el mismo trato a Disney que a otros centros de entretenimiento como Universal Studios o Sea World. “Hoy el reino corporativo finalmente llega a su fin… Esta legislación hace que Disney viva bajo las mismas leyes que todos los demás y garantiza que Disney pague sus deudas y su parte justa de impuestos”, declaró durante la firma.
Por su parte, los directivos de Disney consideraron que DeSantis utilizaba su poder político para castigarlos por ejercer su derecho a la libertad de expresión. Hay que recordar que la problemática entre ambas partes inició cuando Bob Chapek, quien en ese entonces era CEO de la empresa, criticó la ley conocida como “no digas gay”, que es apoyada por DeSantis y que prohíbe que en las escuelas se hable sobre temas de la comunidad LGBT.
“Una campaña selectiva de venganza gubernamental, orquestada a cada paso por DeSantis como castigo por el discurso de Disney, amenaza ahora las operaciones comerciales de Disney, pone en peligro su futuro económico en la región y viola sus derechos constitucionales. A la compañía no le queda más remedio que presentar esta demanda para proteger a sus actores, invitados y socios locales de desarrollo de una campaña implacable para armar el poder gubernamental contra Disney en represalia por expresar un punto de vista político impopular con ciertos funcionarios del Estado”, se indicó en el documento.
Por otro lado, en la denuncia se argumentó que con estas nuevas leyes la economía y los derechos de Disney se verían mermados: “Disney se encuentra en esta lamentable posición porque expresó un punto de vista que no le gustó al gobernador ni a sus aliados. Disney desearía que las cosas se hubieran resuelto de otra manera. Pero Disney también sabe que tiene la suerte de contar con los recursos necesarios para oponerse a las represalias del Estado, una postura que las pequeñas empresas y los particulares no podrían adoptar cuando el Estado los persigue por expresar sus propias opiniones. En Estados Unidos, el gobierno no puede castigarte por decir lo que piensas”.
Otras medidas de DeSantis contra Disney
Entre otras de las medidas que tomó DeSantis fue la firma de otra ley, pero en abril de 2022, con la que se eliminó la directiva anterior del distrito especial de Disney, conocido como Reedy Creek Improvement District. La compañía había dirigido este distrito como un estilo de ayuntamiento local desde 1960 y eso le permitía cobrar impuestos, así como acceder a servicios públicos como la recogida de basura o el tratamiento de aguas. Sin embargo, ahora nuevos directivos, propuestos por DeSantis, serán quienes tomen las decisiones. “Permitir que una corporación controle su propio gobierno es una mala política, especialmente cuando la corporación toma decisiones que afectan a toda una región”, dijo DeSantis desde el distrito especial.
