El gobierno bonaerense promulgó una Ley que apunta a facilitarle los trámites a la ciudadanía. Rige en toda la administración pública provincial.
Con el objetivo de hacer más fáciles los trámites administrativos, el gobierno de la provincia de Buenos Aires promulgó la Ley 15.430 que había sido aprobada por la Legislatura Bonaerense a mediados de abril. A partir de ahora, ningún organismo estatal podrá pedir documentación que ya esté en sus archivos para completar algún papeleo.
Textualmente, la norma establece el derecho «de toda persona humana y jurídica» a realizar trámites administrativos en el ámbito bonaerense «sin que le sea requerida documentación cuyos datos obren en archivos estatales, organismos descentralizados y autárquicos o en otros bancos de datos que posea el Estado o pueda acceder de manera electrónica o virtual».
Esta obligación de las oficinas bonaerenses rige en «toda la Administración Pública de la Provincia de Buenos Aires, sus organismos centralizados, descentralizados y autárquicos y las sociedades con mayoría accionaria del Estado bonaerense». A esto se le podrían sumar los municipios que elijan adherir a esta Ley.
Implementar este cambio no será sencillo. De hecho, la Ley agrega que las reparticiones públicas «tendrán la responsabilidad y obligación de arbitrar los mecanismos para la aplicación». Esto supone «eliminar obstáculos digitales para posibilitar y permitir que los datos se compartan y reutilicen», «reorganizar procedimientos internos» y desarrollar «servicios públicos digitales e interoperables, inclusivos y accesibles, abiertos y transparentes, fiables y seguros».
La iniciativa había sido presentada en noviembre del año pasado por la senadora María Vanesa Spadone. Según la legisladora de la Segunda Sección Electoral, surgió para «simplificarle la vida a la gente».
